Se propone que las armas de fuego, municiones y todo material relacionado sea clasificado como “prohibido”, “de uso exclusivo del Estado” y “de uso permitido para personas autorizadas”.Organismos internacionales e instituciones de la sociedad civil hondureña están urgiendo que el Estado adopte a la mayor brevedad posible una nueva Ley de Control de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, un documento que se encuentra engavetado en el Congreso Nacional desde el 20 de mayo de 2009. Tanto así que expertos del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Unlirec) emitieron un dictamen legal sobre este proyecto de ley, cuyo informe será presentado el 27 de febrero. La presentación servirá para poner en el debate público la importancia que tiene la discusión de esta iniciativa de ley cuya aprobación ha sido postergada por años, arguyendo el Congreso Nacional diversos pretextos, pese a la delicadeza del tema. Este proyecto fue auspiciado por el Centro de Investigación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Ciprodeh), con el auxilio de expertos de Naciones Unidas. Intereses oscuros:- En el Congreso Nacional hay dos propuestas, la del Centro de Investigación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y otra presentada por el diputado Rodolfo Zelaya, presidente de la Comisión de Defensa. La iniciativa de Zelaya contiene 122 artículos y controla, además de la tenencia de armas, los explosivos, mientras que la del Ciprodeh es más amplia y es desarrollada en 160 artículos. La Comisión de Dictamen que preside el diputado Mario Pérez habrá de considerar ambas iniciativas. Leyla Díaz, especialista del Ciprodeh sobre el tema en referencia, explicó a EL HERALDO que el año pasado el proyecto en el que ellos trabajaron fue objeto de una amplia socialización con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las organizaciones de la sociedad civil especializadas, con el propósito de que vaya evolucionando y que dicha ley sea acorde con las circunstancias actuales en materia de seguridad. Según Díaz, es inquietante que no hay una fecha estipulada para agendar el tema en las sesiones del Congreso Nacional. Se había acordado retomarlo en la segunda semana de febrero, pero la Comisión de Seguridad del Legislativo decidió que se aproveche la presencia de los técnicos de Naciones Unidas para incorporar los insumos que traigan al dictamen que se está elaborando. El mayor obstáculo que ha encontrado la ley es la oposición de ciertos sectores que se oponen al desarme general y a un control científico de la portación de armas. La pregunta es ¿qué intereses están detrás de esta oposición? y ¿qué oscuros propósitos se ocultan? Le ejecutiva del Ciprodeh historió que el proyecto data de 2008, cuando se hicieron los primeros esfuerzos, y el Centro de Investigación advierte que las tasas de homicidios tendían a incrementarse, las que -de hecho- se han elevado en los últimos tres años.Ley actual, inaplicable:- Es importante que Honduras cuente con una Ley de Control de Armas debido a que la vigente tiene muchos vacios. El proyecto fue presentado el 20 de mayo 2009 en el Congreso Nacional, pero fue engavetado a raíz de los sucesos del 28 de junio de ese mismo año, dijo. Posteriormente fue retomado bajo otra óptica, considerando que no hubiera pesos y contrapesos, y le daba facultades a las Fuerzas Armadas de controlar la compra, importación, exportación y el decomiso, lo que se consideró lesivo para un país llamado en democracia, señaló Díaz. En ese sentido, expuso que el Ciprodeh interpuso sus buenos oficios para que tal propuesta no fuera tomada en cuenta y se retomara el proyecto original. Es así que el 25 de octubre de 2011 se reinician las discusiones para actualizarlo. Indicó que proyectos de esta naturaleza han tenido éxito en otros países. para el caso, Brasil instituyó un estatuto de desarme, y una propuesta similar está constituida en el modelo hondureño. Además, muchas de las legislaciones que se están construyendo en la región toman en consideración una Ley Marco de Control de Armas aprobada por el Parlamento Latinoamericano y las buenas prácticas que ya existen en otros países de Centroamérica. Ley marco:- Dicha ley marco se estructura sobre la base de los principios de prohibición, restricción y justificación, los que presuponen que para adquirir armas y realizar cualquier actividad con las mismas será necesario contar con una autorización estatal previa, la que se concederá con criterio restrictivo y en tanto se haya justificado la necesidad del uso de estos peligrosos instrumentos. La ley estipula que las armas de fuego, municiones y todo material relacionado se clasifiquen como de uso prohibida, de uso exclusivo de las instituciones del Estado, en los casos de Defensa y Seguridad, y las de uso permitido para personas autorizadas. También dispone mecanismos de reducción dinámica de excedentes y campañas voluntarias de entrega, en línea con los objetivos de reducción total de las existencias de armas. Después de definir los materiales sujetos a control, la ley marco brinda claras pautas para el marcaje de las armas y aun de la munición, adoptando, en este último aspecto, una posición de vanguardia en un tema actualmente en discusión en la agenda internacional. Luego se reglamentan acabadamente los requisitos exigibles a las personas físicas o jurídicas que pretendan operar con armas, estableciéndose un estándar común, cualquiera sea la actividad a desarrollar, el que se complementará con requerimientos específicos para determinadas actividades. Entre los requisitos comunes exigidos se prevé la carencia de antecedentes penales y de violencia familiar. Regulación Seguidamente se regula la totalidad de las actividades posibles de ser desarrolladas con armas: fabricación, almacenaje, transporte, transferencias internacionales, comercio doméstico, reparación, recarga de munición, organización de eventos de caza, administración de entidades de tiro, instrucción de tiro, tenencia (comprensiva de la práctica de tiro y caza), porte, coleccionismo y seguridad privada con armas. La ley estipula que “por ‘tenencia de arma de fuego’ se entiende la actividad mediante la cual una persona física autorizada, habiendo obtenido la licencia correspondiente, adquiere, usa y dispone de una arma de fuego”; esta licencia autoriza un máximo de un (1) arma de fuego por persona. Especifica también que “únicamente se permitirá el registro de hasta un máximo cinco (5) armas a las personas que acrediten fehacientemente la necesidad de poseer más de un arma de las de uso permitido para la seguridad de sus establecimientos comerciales, fincas, valores y otros”. Según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), son al rededor de un millón y medio de armas las que circulan en el país. De estas, apenas medio millón están legalmente registradas, mientras que el millón restante circula de manera ilegal. El órgano rector Ley marco contempla la creación de un organismo de control nacional centralizado en el ámbito del área de gobierno que tiene a su cargo la seguridad pública, pero fuera de la estructura de las fuerzas de armadas, policiales y de seguridad, ya que también estas, con sus particularidades, quedan sujetas al régimen de control establecido. En el caso de Honduras, se crea la Comisión Nacional Multidisciplinaria sobre Armas de Fuego y Explosivos, la que estará compuesta por representantes de varias secretarías de Estado: Seguridad, Defensa, Cancillería, Gobernación y Justicia, Educación, Finanzas, Salud, Educación, Turismo, Cultura, Arte y Deportes, Corte Suprema de Justicia, Secretaría de la Presidencia, Ministerio Público, Instituto Nacional de la Mujer, Instituto Nacional de la Juventud e Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia. Además, representantes de las organizaciones de sociedad civil trabajando en la temática de seguridad, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Asociación de Municipios de Honduras, Comisiones de Defensa, Asuntos Judiciales, Seguridad y Defensa del Congreso Nacional, Órganos Descentralizados, Órganos Anticorrupción y autoridades fiscales y aduaneras.
