Tegucigalpa, Honduras:) La comisión de seguridad del Congreso Nacional determinó aplicarles hasta veinte años de cárcel a los extorsionadores y quince a los chantajistas, aunque la opinión de la Corte Suprema de Justicia, CSJ , establece que son penas muy altas. El pleno del Congreso Nacional conoció ayer la opinión de la CSJ y las bancadas determinaron mantener las penas del proyecto de ley y del dictamen.
Las mismas penas: Mario Pérez, presidente de la comisión de seguridad del Congreso, explicó que la CSJ estima que la proporcionalidad de las penas que establece el dictamen del Congreso es muy elevada en relación con el perjuicio del delito. Pérez explicó que el secuestro, cuyo fin es el mismo de la extorsión y el chantaje, que es obtener dinero, tiene penas de hasta treinta años de cárcel. Diputados de las bancadas se pronunciaron por mantener las mismas penas, pues la opinión de la CSJ no es vinculante. Ante el pleno legislativo compareció el comisionado de policía Héctor Suazo, director nacional de Servicios Especiales, por teleconferencia y les explicó a los diputados que a diario se reportan al menos diez casos de extorsión, pero ocurren mucho más que no son denunciados.
Aclaró que grupos organizados extorsionan a taxistas, buseros, pulperías, comercios, casas y hasta a vendedoras de tortillas. Agregó que, desafortunadamente, cuando empiezan el proceso para investigar un caso, las operadoras telefónicas celulares privadas tardan hasta veinte días en dar respuesta. Son grupos organizados, señaló, a veces vinculados con pandillas en El Salvador y Los Ángeles, en Estados Unidos. Los negocios de la capital pagaban 15,000 lempiras mensuales a los criminales, dijo. Necesitan mejor respuesta de los operadores de las telefónicas y equipo para detectar los números de los que extorsionan hasta llegar a sus usuarios y eso no se tiene por razones presupuestarias. El diputado Mario Rivera, del Pinu, dijo que las extorsiones ocurren también en las calles de las principales ciudades del país, donde extorsionadores les cobran estacionamiento a los dueños de carros solo por no causarle daño al auto. Eso ocurre en las principales ciudades a la vista de la propia Policía. Señaló que incluso al ir al estadio o al mercado se cobran los parqueos públicos, mientras los policías solo observan.Portabilidad numérica: presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, dijo que esta reforma del Código Penal se aprobará para elevar las penas debido a que es un delito que daña a los más pobres. Les exigió nuevamente a los operadores telefónicos que den respuesta con la ley de portabilidad numérica, consistente en que cada ciudadano registre su número celular y pueda usar el mismo al margen de la empresa que le preste el servicio. Solo en la capital, dijo el diputado Augusto Cruz, los extorsionadores se agencian hasta cuatro millones de lempiras a la semana. Agregó que muchas familias hasta han tenido que abandonar sus casas. El dictamen se aprobaría en la sesión de esta tarde.Reforma: La reforma del artículo 222 del Código Penal establece que quienes cobran el “impuesto de guerra” o extorsionan de diversas maneras, entre ellas, por la vía telefónica, serán castigados con reclusión de quince a veinte años De acuerdo con la reforma, “comete delito de extorsión e incurrirá en la pena de quince a veinte años quien, usando amenazas, violencia o intimidación para obtener para sí, para su organización delictiva, dinero u otros bienes, obligue a una persona, a un grupo de personas o a una persona jurídica o grupo de personas jurídicas a hacer algo en contra de su voluntad”. De esa forma será castigado quien amenaza a una persona con el fin de recibir dinero, lo que es conocido como “impuesto de guerra”. Esta práctica es común en barrios y colonias, donde pequeños negocios son extorsionados periódicamente, así como dueños de taxis y choferes del transporte urbano. Legalizarán la cremación de cadáveres en el Honduras El secretario del Congreso Nacional, Rigoberto Chang Castillo , presentó ayer un proyecto de ley orientado a crear la legislación necesaria para autorizar la cremación de cadáveres o restos humanos. De acuerdo con el parlamentario, dicha actividad no está regulada ampliamente en el país, por lo que la legislación servirá para la que la Secretaría de Salud autorice la cremación, siempre que haya sido solicitada en vida por el difunto. De acuerdo con el artículo uno de la iniciativa, el objeto es crear el marco jurídico necesario para regular la cremación de cadáveres. La cremación es definida por la iniciativa como el proceso de incineración de un cadáver o restos humanos y su inhumación, conforme con los requisitos y procedimientos establecidos. Se entenderá por inhumación el destino final del producto de la cremación. Según el artículo tres, le corresponde a la Secretaría de Salud emitir la reglamentación legal y técnica necesaria para la cremación de cadáveres y restos humanos. Además debe autorizar el funcionamiento en el país de instituciones públicas o privadas dedicadas a la cremación de cadáveres y restos humanos y su inhumación. Deberá supervisar el funcionamiento de instituciones públicas o privadas dedicadas a la cremación sin perjuicio de las competencias exclusivas.http://www.laprensa.hn
Aclaró que grupos organizados extorsionan a taxistas, buseros, pulperías, comercios, casas y hasta a vendedoras de tortillas. Agregó que, desafortunadamente, cuando empiezan el proceso para investigar un caso, las operadoras telefónicas celulares privadas tardan hasta veinte días en dar respuesta. Son grupos organizados, señaló, a veces vinculados con pandillas en El Salvador y Los Ángeles, en Estados Unidos. Los negocios de la capital pagaban 15,000 lempiras mensuales a los criminales, dijo. Necesitan mejor respuesta de los operadores de las telefónicas y equipo para detectar los números de los que extorsionan hasta llegar a sus usuarios y eso no se tiene por razones presupuestarias. El diputado Mario Rivera, del Pinu, dijo que las extorsiones ocurren también en las calles de las principales ciudades del país, donde extorsionadores les cobran estacionamiento a los dueños de carros solo por no causarle daño al auto. Eso ocurre en las principales ciudades a la vista de la propia Policía. Señaló que incluso al ir al estadio o al mercado se cobran los parqueos públicos, mientras los policías solo observan.Portabilidad numérica: presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, dijo que esta reforma del Código Penal se aprobará para elevar las penas debido a que es un delito que daña a los más pobres. Les exigió nuevamente a los operadores telefónicos que den respuesta con la ley de portabilidad numérica, consistente en que cada ciudadano registre su número celular y pueda usar el mismo al margen de la empresa que le preste el servicio. Solo en la capital, dijo el diputado Augusto Cruz, los extorsionadores se agencian hasta cuatro millones de lempiras a la semana. Agregó que muchas familias hasta han tenido que abandonar sus casas. El dictamen se aprobaría en la sesión de esta tarde.Reforma: La reforma del artículo 222 del Código Penal establece que quienes cobran el “impuesto de guerra” o extorsionan de diversas maneras, entre ellas, por la vía telefónica, serán castigados con reclusión de quince a veinte años De acuerdo con la reforma, “comete delito de extorsión e incurrirá en la pena de quince a veinte años quien, usando amenazas, violencia o intimidación para obtener para sí, para su organización delictiva, dinero u otros bienes, obligue a una persona, a un grupo de personas o a una persona jurídica o grupo de personas jurídicas a hacer algo en contra de su voluntad”. De esa forma será castigado quien amenaza a una persona con el fin de recibir dinero, lo que es conocido como “impuesto de guerra”. Esta práctica es común en barrios y colonias, donde pequeños negocios son extorsionados periódicamente, así como dueños de taxis y choferes del transporte urbano. Legalizarán la cremación de cadáveres en el Honduras El secretario del Congreso Nacional, Rigoberto Chang Castillo , presentó ayer un proyecto de ley orientado a crear la legislación necesaria para autorizar la cremación de cadáveres o restos humanos. De acuerdo con el parlamentario, dicha actividad no está regulada ampliamente en el país, por lo que la legislación servirá para la que la Secretaría de Salud autorice la cremación, siempre que haya sido solicitada en vida por el difunto. De acuerdo con el artículo uno de la iniciativa, el objeto es crear el marco jurídico necesario para regular la cremación de cadáveres. La cremación es definida por la iniciativa como el proceso de incineración de un cadáver o restos humanos y su inhumación, conforme con los requisitos y procedimientos establecidos. Se entenderá por inhumación el destino final del producto de la cremación. Según el artículo tres, le corresponde a la Secretaría de Salud emitir la reglamentación legal y técnica necesaria para la cremación de cadáveres y restos humanos. Además debe autorizar el funcionamiento en el país de instituciones públicas o privadas dedicadas a la cremación de cadáveres y restos humanos y su inhumación. Deberá supervisar el funcionamiento de instituciones públicas o privadas dedicadas a la cremación sin perjuicio de las competencias exclusivas.http://www.laprensa.hn
