TEGUCIGALPA (EFE). La cancillería de Honduras instruyó a su consulado en Nueva Orleans (EE.UU.) para que brinde ayuda a miles de hondureños que residen de manera ilegal en el estado de Alabama, donde entró en vigor una ley que penaliza la inmigración. La estrategia es bien definida, procura la protección consular de todos los hondureños en ese estado (Alabama)”, dijo a los periodistas el vicecanciller hondureño, Alden Rivera. Agregó que la protección “no sólo se debe a lo que sucede en Alabama, sino que también se trata de reaccionar frente a una cultura con incidencia en más de 20 estados, con una expresión a través de leyes de contenido racial y antiinmigrante”. El consulado de Honduras en Nueva Orleans, según Rivera, tiene instrucciones de constatar las condiciones de vida de unos 10.000 hondureños que residen de forma ilegal en el estado de Alabama. Las autoridades del país centroamericano consideran que la ley HB56, de Alabama, es una de las más duras al criminalizar la migración irregular. Rivera explicó que este tipo de legislación ha sido aprobada en cinco estados, pero ninguna a nivel estatal ha logrado entrar en plena vigencia, tal como sucedió con la ley de Arizona. Añadió que en todos los casos se ha logrado que el Gobierno Federal apele el contenido de la ley, por lo que muchos artículos, sobre todo los más virulentos contra los indocumentados, han quedado en suspenso. “El consulado de Nueva Orleans está en la obligación de proveer la asistencia y protección debida a todos los hondureños que residen en su circunscripción consular”, reiteró. La aplicación de la HB56 en Alabama repercutió en Tegucigalpa luego de que el jueves pasado la Policía estatal detuviera al primer hondureño, identificado como José Matute, de 26 años. “Las autoridades norteamericanas deben notificar al consulado de Nueva Orleans sobre la detención o privación de libertad por falta de documentos de hondureños que residen en ese estado”, dijo Rivera. Alabama se convirtió en el quinto estado que pone en vigor una ley antiinmigrante, después de Arizona, Georgia, Indiana y Utah. La ley HB56 entró en vigor de manera parcial el pasado 1 de septiembre, después de que una jueza bloqueara algunas de sus cláusulas sin pronunciarse sobre su constitucionalidad. Como resultado de la decisión de la jueza, las autoridades de Alabama no podrán -al menos por el momento- arrestar a indocumentados que soliciten
o realicen trabajos en lugares públicos o privados ni podrán arrestar a personas que oculten, transporten o alberguen a indocumentados. Sin embargo, está en vigor el apartado de la ley que autoriza a la policía a pedir la documentación a aquellas personas “sospechosas” de residir de manera ilegal en el país y también el que exige que las escuelas pidan el estatus migratorio de los estudiantes inscritos a partir del 1 de septiembre.http://www.diariolasamericas.com
